“LA CERTEZA AL ORDEN JURÌDICO CONSTITUCIONAL IMPONE LA NECESIDAD DE QUE EL ARTÌCULO 107 FRACCIÒN II, EN SU PRIMER PÀRRAFO, SEA CONGRUENTE AL PRINCIPIO QUE CONSAGRA”

INTRODUCCIÓN La defensa constitucional respecto al alcance que tienen las sentencias definitivas que se pronuncian en los juicios de amparo se estableció por primera vez en nuestro Régimen Jurídico Federal a iniciativa de Don Mariano Otero ante el Congreso Constituyente de 1846 y tenía como finalidad el restablecimiento de la federación a través de una garantía bastante para asegurar los ataques que se daban a través de los poderes de los Estados e incluso de los mismos poderes de la federación a los particulares; por ello se otorgo al Poder Judicial de la Federación a proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que otorga la Constitución y las leyes Constitucionales a su favor, contra todos los abusos del ejecutivo y del legislativo. El artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente el 18 de mayo de 1847, establecía: “Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las Leyes Constitucionales, contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo ya de la Federación ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general, respecto de la ley o acto que lo motivare”. El Constituyente de 1846 mantuvo al juicio de amparo toda vez que le reservo el conocer de toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen garantías individuales, por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y por leyes o actos de autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal para el efecto de que de ellas conociere el Poder Judicial de la Federación actuando en los juicios de jurisdicción ordinaria, limitando igualmente el alcance de las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo, así de esta manera dicha constitución establecía en sus artículos 101 y 102: artículo 101.- “ Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales, II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal”; y el artículo 102: “Todos los procedimientos y formas del orden jurídico, que determina una ley, la sentencia será tal siempre, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare”